El integrante de la comisión de Obras Públicas y el consejero regional por Linares advirtieron que son en total 46 trabajadores -que se desempeñan en las obras de Parral, Constitución y Cauquenes- los que decidieron paralizarse debido al no pago de sus últimas remuneraciones.
El diputado e integrante de la comisión de Obras Públicas, Juan Antonio Coloma, junto al consejero regional por Linares, Alamiro Garrido, oficiaron al Ministerio de Obras Públicas solicitando que exijan -a la empresa a cargo- el cumplimiento de las condiciones contractuales de sus trabajadores, luego que se diera a conocer que un total de 46 asesores de inspectores fiscales, que están a cargo de la construcción de los hospitales de Parral, Constitución y Cauquenes, en el Maule Sur, se les adeuda sus remuneraciones desde al menos dos meses, lo que incluiría también el pago de sus cotizaciones.
Al respecto, ambas autoridades aseguraron haber tomado contacto con uno de los trabajadores en cuestión, quien les relató que -producto de la misma situación- decidieron paralizar sus funciones, debido a las dificultades económicas que les genera a ellos y a sus familias no recibir sus sueldos, puesto que -además- muchos de ellos no son de la zona y, por tanto, deben costear un hospedaje.
Sin embargo, y junto con manifestar su preocupación por los problemas económicos en que se encuentran los 46 trabajadores, el diputado Coloma y el consejero Garrido también advirtieron sobre las “graves dificultades” que implica que los asesores de inspectores fiscales estén paralizados.
“La función que cumplen los asesores de inspectores fiscales es de controlar, supervisar y fiscalizar que los protocolos y procedimientos se cumplan de la manera más correcta y en distintas áreas, como redes, gases, arquitectura, informática y tecnología, entre otras, de tal manera que si ellos están paralizados es absolutamente preocupante y grave que las construcciones sigan su curso”, señaló el core Linares, mientras que Coloma agregó que “todos queremos que las obras salgan adelante lo antes posible, pero es indispensable que se realicen con todos los estándares posibles”.
En ese sentido, las dos autoridades también advirtieron que los problemas contractuales con los trabajadores se arrastrarían incluso desde antes, luego que tomaran conocimiento de una carta enviada por la empresa en cuestión en noviembre de 2023, donde se comprometen a buscar una solución para cumplir con el pago de las remuneraciones que -en ese minuto- estaban pendientes.
Producto de lo anterior, Coloma y Garrido no sólo llamaron al MOP a que exija el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la compañía, sino que también solicitaron la “urgente intervención” del Ministerio de Salud -a través del servicio de salud de la zona-, tanto para que se dé cumplimiento al pago de los sueldos de los trabajadores, como también para garantizar que se cumpla con todos los estándares de construcción que se exigen en proyectos de esta naturaleza.
“Es muy grave que se siga avanzando con los proyectos sin que participe un eje fundamental, como son los asesores de inspectores fiscales, que de alguna manera son los que van a acreditar el control de calidad final al momento de la recepción definitiva de las obras”, reiteraron Coloma y Garrido.