El Tribunal Constitucional confirmó la destitución de la senadora socialista, Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, tras un fallo que ha generado un fuerte impacto político y social. La decisión se basa en su participación en un contrato de compraventa con el Estado, considerado una infracción constitucional.
En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional resolvió cesar de su cargo a la senadora Isabel Allende, del Partido Socialista (PS), por el rol que le compete en la fallida compraventa de una propiedad vinculada a su familia. El inmueble, ubicado en Providencia, estaba destinado a convertirse en un sitio de memoria histórica en honor al expresidente Salvador Allende. Sin embargo, la transacción, que involucraba un monto de más de 24 mil unidades de fomento, fue considerada una violación al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a parlamentarios celebrar contratos con el Estado durante su mandato.
La sentencia, respaldada por ocho votos contra dos, incluye una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos. Isabel Allende defendió su actuación, argumentando que la operación buscaba preservar la memoria histórica y que nunca tuvo intención de cometer un delito. Sin embargo, el fallo ha generado tensiones entre el Gobierno y el Partido Socialista, con críticas hacia el oficialismo por su deficiente manejo del caso.
La destitución ha marcado un precedente en la política chilena, siendo la primera vez que un senador es removido por el Tribunal Constitucional. Este hecho ha desatado un debate sobre la interpretación de las normas constitucionales y el impacto en la trayectoria política de Isabel Allende, quien ha sido una figura emblemática del socialismo chileno.
Por su parte la exsenadora e hija del presidente Allende, en su despedida en el Congreso estableció las siguientes preguntas: "
