Cuando la escasez se instala, el recurso no se reparte al azar ni por negociación política. Existe un sistema técnico, poco conocido fuera del mundo del agua, que define cuánto recibe cada usuario y quién toma esas decisiones.
Chile discute con frecuencia sobre desaladoras, embalses o reformas al Código de Aguas. Sin embargo, hay una pregunta básica que rara vez se explica en el debate público: qué ocurre cuando el agua de un río no alcanza para todos y cómo se decide su reparto. La respuesta no está en una obra ni en una mesa política, sino en un sistema operativo que funciona, con distintos grados de sofisticación, en cada cuenca del país.
En términos simples, el reparto del agua en Chile se basa en los derechos otorgados por el Estado y en una regla central: la prorrata. Cada titular posee un número de acciones y, cuando el caudal disponible disminuye, todos reciben menos en proporción a lo que les corresponde. No hay ganadores ni perdedores definidos de antemano: hay un ajuste colectivo a una realidad física cambiante.
Carlos Ciappa, abogado experto en Derecho de Aguas, explica que este sistema suele malentenderse. “Los derechos de agua no son fijos en la práctica: el caudal otorgado es un máximo. La propia ley contempla que, cuando el agua no está disponible, esos derechos se ejercen a prorrata, adaptándose a la cantidad real que trae el río o el acuífero en un momento determinado”.
Cuando el agua no alcanza: el rol del juez de río
Ese ajuste no se realiza de manera ocasional ni discrecional. En muchas cuencas se ejecuta de forma diaria, e incluso horaria, siguiendo la variación real del caudal, y su aplicación recae en una figura clave y poco conocida fuera del sector: el juez de río.
Su función no es interpretar la ley ni arbitrar conflictos políticos, sino ejecutar el reparto conforme a los caudales disponibles y a los derechos existentes, asegurando que cada acción reciba lo que corresponde en escenarios de abundancia o escasez.
“El reparto en el río Mataquito es especialmente complejo porque se trata de un río muy dinámico, con grandes variaciones a lo largo de su extensión y una alta cantidad de usuarios. En la práctica, cuando el caudal baja, aplicamos una reducción proporcional común: si el río disminuye un 50%, todos los canales reducen en ese mismo porcentaje”, explica Margarita Núñez, jueza de río del Mataquito.
En cuencas de alta demanda, como el Maipo, esa tarea se vuelve aún más exigente. Allí confluyen agricultura, consumo humano, generación eléctrica e industria, lo que obliga a una coordinación fina y a decisiones basadas en información precisa.
Ernesto Veres, juez de río del Maipo, señala que “cuando los caudales comienzan a disminuir, el reparto se sigue ejecutando conforme a los derechos de aprovechamiento y a los acuerdos operativos vigentes. Esto implica ajustar las dotaciones, aplicar repartos cada dos horas durante todo el año y, en escenarios más restrictivos, activar medidas extraordinarias previamente definidas”.
Añade que “cuando no es posible cumplir con la dotación íntegra, el río entra en prorrata, distribuyendo el caudal disponible en proporción a los derechos de cada usuario. En situaciones críticas, se aplican criterios de priorización del consumo humano, cubriendo déficits de agua potable mediante aportes de los demás usuarios consuntivos”.
Un sistema común, realidades distintas
Aunque el principio de la prorrata es común en todo el país, no todas las cuencas operan igual. En ríos sin capacidad de regulación, el reparto se ajusta casi en tiempo real al comportamiento del caudal; en otros, con mayor infraestructura o acuerdos operativos, la escasez se gestiona con decisiones anticipadas. No existe, por tanto, un único modelo, sino sistemas adaptados a cada cuenca, que comparten una misma base: información confiable y reglas claras.
Para Emilio de la Jara, CEO de Capta Hydro, ese es uno de los principales desafíos del país. “Chile tiene juntas de vigilancia que hacen una labor notable con presupuestos muy acotados, pero el estándar de medición y gestión varía demasiado entre cuencas. Hay lugares con balances diarios y equipos profesionales, y otros que aún reparten agua casi con lápiz y cuaderno. Si no emparejamos esa cancha, seguiremos dependiendo de quién administra el río, no de una política de cuencas”, afirma.
En un escenario de cambio climático y mayor variabilidad hidrológica, entender cómo se reparte el agua deja de ser un tema técnico reservado a especialistas. Es, cada vez más, una discusión pública sobre cómo un país gestiona la escasez sin improvisar y cuán preparados están sus sistemas para enfrentar un futuro con menos agua disponible.
