Tras la aprobación en general de la iniciativa que fortalece las facultades del Ejecutivo y la PDI, el nuevo marco eleva las exigencias para extranjeros en situación irregular y acelera la necesidad de regularizar su estatus
El martes 8 de abril, el Senado chileno aprobó en general el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa, una iniciativa que busca agilizar y robustecer el control migratorio. El proyecto que vino a reforzar las atribuciones de la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), le pondrá presión a los extranjeros que no han regularizado su situación.
“La moción no solo facilita el ingreso a los domicilios de personas con orden de expulsión, sino que también habilita la expulsión inmediata de quienes han sido formalizados o acusados de delitos. Esto no solo tiene implicancias institucionales, sino que además redefine el estándar de cumplimiento para quienes residen o buscan residir en Chile”, explica Christian Rodiek, CEO de FirmaVirtual, quien enfatiza la importancia de que los extranjeros se mantengan informados.
En este sentido, uno de los errores más comunes es utilizar el término “visa” como un concepto genérico, cuando en Chile existen distintas categorías, cada una con requisitos, plazos y efectos específicos. “Confundirse puede acarrear sanciones”, advierte el ejecutivo.
Chile distingue entre permisos de permanencia transitoria —orientados a estadías breves, como turismo o negocios— y permisos de residencia, que habilitan a vivir, trabajar o estudiar en el país bajo ciertas condiciones. En este contexto, el proyecto de ley aprobado por el Senado endurece un escenario que ya venía evolucionando hacia una mayor fiscalización.
“Sin residencia vigente, una persona puede quedar fuera de aspectos tan cotidianos como firmar un contrato de arriendo, acceder a servicios financieros o incluso formalizar un vínculo laboral. La trazabilidad de esos procesos es cada vez más exigente”, acota Rodiek.
En este contexto, la información oportuna resulta clave, considerando que muchos extranjeros desconocen, por ejemplo, que la permanencia transitoria tiene una duración máxima de 90 días —aunque prorrogable—, o que la residencia temporal puede extenderse hasta por dos años.
Aunque el proyecto aún debe ser discutido en particular, su aprobación en general establece un marco más exigente, en línea con una mayor fiscalización y control de los procesos migratorios. A partir de esto, se refuerza la importancia de informarse, distinguir entre los distintos tipos de permisos y anticiparse a los trámites correspondientes.
