La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. recomendó aplicar un gravamen aduanero a Chile y otros 45 países tras una investigación por falta de leyes eficaces contra la explotación laboral. El Gobierno chileno respondió que la medida está en consulta pública, es transversal a 60 naciones y que ya coordina un plan técnico con gremios exportadores para defender los intereses del país.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) recomendó formalmente la aplicación de un arancel de castigo del 12,5% sobre las exportaciones de Chile. La medida surge tras concluirse una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El informe determina que el país carece de mecanismos legales suficientes para prohibir la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. Frente a esto, el Ejecutivo chileno aclaró que se trata de una "instancia que aún se encuentra en etapa de consulta pública y análisis". El Palacio de La Moneda ya activó una estrategia de defensa interministerial y gremial ante Washington.
El origen de la sanción comercial
El dictamen aduanero estadounidense apunta de forma transversal a un grupo de 60 socios comerciales que concentran el 99,4% de sus importaciones. Según Washington, permitir la circulación global de mercancías ligadas a la explotación laboral genera una competencia desleal frente a los productores norteamericanos.
La propuesta divide las sanciones en dos niveles:
- Un arancel del 10% para 14 economías con leyes vigentes pero baja fiscalización (como la Unión Europea, Canadá y México).
- Un arancel del 12,5% para 46 países que no registran restricciones integrales en sus aduanas, grupo donde se ubica Chile, junto a potencias como China, Australia, Japón y Corea del Sur.
La defensa del Gobierno chileno
La Subsecretaría de Relaciones Internacionales de Chile reaccionó con cautela y enfatizó que el país "ha participado activamente en todas las instancias vinculadas a este proceso". Desde la cancillería explicaron que la medida no constituye un ataque directo, sino que "forma parte de una política comercial que Estados Unidos se encuentra evaluando de manera transversal".
Para mitigar el impacto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ya coordina mesas técnicas de trabajo junto a las carteras de Hacienda y Trabajo. Esta labor se encuentra "alineada con los estándares y principios promovidos por la Organización Mundial del Trabajo" y se ha socializado de manera permanente con el sector privado y las principales industrias exportadoras locales. El objetivo final de Santiago es continuar "dialogando constructivamente con las autoridades estadounidenses para resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional".
Calendario de apelación y excepciones
Las tarifas propuestas por la Casa Blanca no entrarán en vigor de manera inmediata. El cronograma legal del USTR otorga plazo hasta el 22 de junio de 2026 para que los países afectados soliciten comparecer en las audiencias públicas. El envío de los descargos técnicos por escrito vencerá el 6 de julio, dando paso a los paneles presenciales en Washington a partir del 7 de julio de 2026.
El impacto económico de este gravamen podría atenuarse gracias a una amplia lista de excepciones dispuesta por el Gobierno estadounidense. Quedarán fuera del recargo arancelario los minerales críticos, insumos farmacéuticos y productos alimentarios clave para el consumo norteamericano, como la carne de res, el café y categorías específicas de frutas y vegetales frescos.
