Chile vive hoy a una de las paradojas políticas y jurídicas más violentas del último tiempo. La escena es tan cotidiana como desoladora: un ciudadano de clase media abre la aplicación de su banco el día de pago y descubre que su saldo está en cero. Sin mediar avisos explícitos ni alertas previas, la Tesorería General de la República (TGR) ha ejecutado embargos masivos y retenciones de fondos en cuentas corrientes para cobrar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La justificación oficial es la "recuperación de recursos fiscales". Sin embargo, la celeridad, la opacidad y la agresividad con la que el aparato estatal penetra la intimidad financiera de los profesionales endeudados contrasta, de forma grotesca, con el blindaje legislativo que la derecha chilena acaba de otorgar a las fortunas del crimen organizado y la delincuencia de cuello y corbata.
Esta misma semana, el Senado sepultó —mediante un vergonzoso empate de 24 votos— el proyecto de ley que buscaba implementar el levantamiento administrativo del secreto bancario dentro del Subsistema de Inteligencia Económica. La iniciativa pretendía dotar al Estado de una herramienta estándar a nivel mundial para seguir la "ruta del dinero" de mafias transnacionales como el Tren de Aragua, corporaciones criminales que han lavado sumas multimillonarias en la banca formal chilena. Los argumentos de los parlamentarios de gobierno para oponerse en bloque se repitieron como un mantra: la "protección de datos personales", el resguardo de la privacidad y el temor a un supuesto uso político de la información financiera.
Es aquí donde la inconsistencia de la derecha y la actual administración se vuelve insostenible. ¿Por qué la privacidad de un criminal financiero, un narcotraficante o un evasor tributario merece un estándar de protección constitucional tan celoso, mientras que la cuenta bancaria de un profesor, un psicólogo o un ingeniero endeudado por estudiar puede ser intervenida de la noche a la mañana de manera intempestiva?
Para la élite política tradicional, el derecho a la propiedad privada y la inviolabilidad de las cuentas parece ser un principio sagrado únicamente cuando el saldo es sospechosamente abultado. Pero pareciera ser que cuando se trata del profesional joven que cayó en la morosidad, la cuenta corriente pasa a ser un botín de libre acceso para el fisco. El "que nada hace, nada teme" que tanto repiten los sectores conservadores al endurecer el control penal sobre las clases populares se evapora mágicamente cuando la lupa se posa sobre las transacciones de las altas esferas.
El debate jurídico: ¿Un procedimiento inconstitucional?
Más allá del evidente doble estándar moral, los recientes embargos ordenados por la TGR han encendido las alarmas en el mundo legal, abriendo un profundo debate jurídico respecto a la legalidad y proporcionalidad de estos actos.
Varios expertos y recursos de protección ya interpuestos ante las Cortes de Apelaciones apuntan a tres puntos críticos:
- Aplicación errónea del Código Tributario: La TGR ha estado ejecutando estas retenciones bajo las prerrogativas del cobro de obligaciones tributarias. No obstante, múltiples juristas argumentan que el CAE es un crédito de naturaleza civil y educacional, regulado por la Ley 20.027, por lo que asimilarlo a una deuda de impuestos para saltarse las garantías ordinarias del deudor raya en la ilegalidad.
- Vulneración de las remuneraciones: El Artículo 57 del Código del Trabajo chileno estipula de forma explícita que las remuneraciones de los trabajadores son inembargables (salvo raras excepciones como las pensiones alimenticias). Al vaciar cuentas corrientes donde los profesionales perciben directamente sus sueldos líquidos, el Estado está vulnerando de manera indirecta un límite legal básico, dejando a familias enteras en la indefensión alimentaria y habitacional.
- El freno de Contraloría: Este criterio ya ha encontrado eco en los órganos de control. Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Tesorería devolver la retención de fondos de una trabajadora, fijando un precedente institucional de que los mecanismos de cobranza estatal tienen límites regulatorios infranqueables que hoy se están omitiendo.
La señal que las instituciones chilenas están enviando a la ciudadanía es letal para la cohesión social. Combatir los síntomas de la delincuencia en las calles mientras se protege el secreto bancario de quienes financian y lavan el dinero de esas mismas bandas es una hipocresía estructural. Perseguir con el máximo rigor de la ley a quienes cometieron el "delito" de creer que la educación superior les daría un futuro mejor, mientras se cierran los ojos ante el fraude de cuello y corbata, no es justicia: es asimetría estatal.
Chile no puede seguir siendo un país donde el secreto de la cuenta bancaria es un lujo que protege a los delincuentes y el embargo intempestivo es el castigo que ahoga a los profesionales. La consistencia y la igualdad ante la ley deben dejar de ser un discurso de campaña y convertirse, de una vez por todas, en doctrina jurídica y parlamentaria.
