"El retiro de la Contraloría de los decretos que actualizan la Norma de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP2,5 (DS N°3) y la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (DS N°8), implica postergar beneficios sociales estimados en cerca de US$9.000 millones. Pocas decisiones administrativas en Chile tienen impactos económicos y sanitarios de esa magnitud
El retiro de la Contraloría de los decretos que actualizan la Norma de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP2,5 (DS N°3) y la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas (DS N°8), implica postergar beneficios sociales estimados en cerca de US$9.000 millones. Pocas decisiones administrativas en Chile tienen impactos económicos y sanitarios de esa magnitud.
Han pasado cinco meses desde que el Ministerio del Medio Ambiente retiró ambos decretos, junto con otros 41 reglamentos, y aún no han sido reingresados. Se trata, además, de normas que ya acumulan más de una década de retraso respecto del plazo legal que obliga a revisarlas cada cinco años y que habían cumplido los procedimientos técnicos, económicos, sociales y de participación ciudadana requeridos.
La demora resulta difícil de entender frente a la evidencia disponible. Los Análisis Generales de Impacto Económico y Social (AGIES) estimaron que actualizar la norma de MP2,5 generaría beneficios sociales por US$8.873 millones entre 2026 y 2035, principalmente por la reducción de enfermedades, hospitalizaciones y muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica.
A ello se suman US$91 millones en beneficios estimados entre 2025 y 2040 por la actualización de la norma para centrales termoeléctricas, que establece límites más estrictos para emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado, mercurio, níquel y vanadio. En conjunto, estas medidas permitirían reducir hospitalizaciones y visitas a servicios de emergencia y evitar aproximadamente 1.600 muertes prematuras al año. No sorprende, entonces, que exministras de Salud y Medio Ambiente, el Colegio Médico, profesionales, académicos y organizaciones ciudadanas hayan solicitado avanzar con urgencia en ambas normas.
A ello se suma la advertencia del Comité Científico Asesor de Cambio Climático, en su informe temático Cambio Climático y Salud, publicado el pasado 9 de julio, que señala cómo el calentamiento global exacerba los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud. Por ello, ha recomendado situar la prevención de enfermedades en el centro de las políticas climáticas, mediante estándares más estrictos para los contaminantes locales.
En consecuencia, retrasar la publicación y entrada en vigencia de los Decretos N°3 y N°8 implica mayor contaminación atmosférica, más enfermedades y un mayor número de muertes. Considerando los miles de millones de dólares en beneficios sociales que estas normas generarían para el país, así como las recomendaciones de profesionales de la salud pública y de la comunidad científica, Chile debe retomar con decisión la protección de la salud y del medio ambiente, en concordancia con el mandato constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y reingresar a la brevedad ambos decretos a la Contraloría General de la República para asegurar su entrada en vigencia a partir de enero de 2027.
Por: Sara Larraín y Gonzalo Melej, Fundación Chile Sustentable
