Con las normativas actuales y estrictas, se está creando una nueva forma de abordar la seguridad digital. Y aunque los desafíos y retos son muchos, las empresas chilenas ya están impulsando cambios profundos.
Santiago, 10 de febrero de 2026 - La ciberseguridad dejó de ser un tópico exclusivamente técnico y del departamento de TI. Con la nueva institucionalidad que tiene Chile mediante la Ley Marco de Ciberseguridad y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), las organizaciones están motivando cambios en todos los ámbitos y niveles.
“La ANCI ya nos declaró como un Operador de Importancia Vital (OIV), por lo que desde nuestro rol, estamos adoptando los desafíos que exige la ley. Los tiempos de cumplimiento y las multas son agresivas, pero las empresas chilenas están ocupándose y avanzando, potenciando sus equipos”, explica Jorge Yaqui, vicepresidente ejecutivo para la Región Andina de Logicalis.
Los esfuerzos son intensos y sin descanso. Aunque muchas organizaciones no estaban preparadas para cumplir, están invirtiendo recursos para ampliar las capacidades tanto de talento como de tecnología.
“Al ser sostenedores de servicios digitales y OIV, seremos los responsables en muchas ocasiones de informar los incidentes, ya que nos encargamos de monitorear e integrar sistemas. Por lo que estamos siendo rigurosos, fortaleciendo nuestros estándares y orientando a las compañías para que cuando ocurra, sean resilientes”, recalca Yaqui.
Ciberseguridad: atención 24/7
La seguridad digital de las infraestructuras se ha vuelto un activo esencial para la operatividad de las organizaciones. Frente al auge de las ciberamenazas basadas en IA, como el phishing hiperpersonalizado y los deepfakes, la protección exige estrategias más inteligentes e integradas. Por eso, la simplificación y la monitorización continua emergen como pilares fundamentales para un enfoque de ciberseguridad capaz de equilibrar la protección, el rendimiento y el retorno de la inversión ante nuevas amenazas.
“Un ciberataque no solo puede paralizar sistemas, sino también interrumpir servicios esenciales y exponer datos sensibles a escala mundial. Y a pesar de esto, todavía faltan más Centro de Operaciones de Seguridad (CSO) y directores de seguridad de la información (CISO, del inglés Chief Information Security Officer). Y es que tenemos que tener algo claro, incluso con el aumento de las inversiones en tecnología, no existen garantías de inmunidad contra ataques cada vez más sofisticados”, indica Yaqui.
Así, la ANCI exige una estructura contundente en cada organización, capaz de responder en tiempo y forma a cualquier hora y día. Y esta gobernanza debe incluir capacidades humanas de liderazgo y de decisión, y de tecnología predictiva para gestionar la detección y posterior escalabilidad de los incidentes.
Dependiendo de la gravedad, el incumplimiento de protocolos y procesos podría causar consecuencias económicas catastróficas. Hay multas que se acercan al medio millón de dólares, por lo que, la gobernanza es una obligación, ya que no hacerlo pone en riesgo la sostenibilidad de la compañía.
“Debido a la urgencia de cumplimiento, muchas compañías están tercerizando la ciberseguridad. Conscientes de la escasez de profesionales, las organizaciones confían sus infraestructuras digitales a proveedores externos. Esto sin dejar de lado una fuerte inversión en cultura digital, para aportar una capa de seguridad clave entre los colaboradores”, precisa Yaqui.
Chile da buenas señales
La implementación de la nueva Ley Marco de Ciberseguridad en Chile no solo establece una normativa interna robusta, sino que también envía una señal clara y potente al mundo sobre el compromiso del país con la seguridad digital y la estandarización.
Sin ir más lejos, de acuerdo al "Informe de Ciberseguridad 2025: desafíos de vulnerabilidad y madurez para cerrar brechas en América Latina y el Caribe", Chile lidera una lista de 30 países en esta materia.
El reporte se organiza en torno a 5 dimensiones: políticas y estrategias; cultura y sociedad; educación, formación y habilidades; marcos legales y regulatorios; y tecnologías y estándares. Así, de los 62 indicadores medidos, el país alcanzó este 2025 el puntaje total en 16 de los indicadores y en 20 consiguió 4 de 5. En total, Chile obtuvo 228 puntos, el puntaje más alto de la región, con 74% del puntaje del Modelo.
En este sentido, es crucial que el país avance con determinación en la aplicación de la ley. Tal como señala Yaqui, Chile ya cuenta con ejemplos sólidos y una base de trabajo madura en materia de transformación y protección digital, especialmente dentro de la industria financiera. “Este sector, en particular, ha desarrollado estándares de seguridad y una capacidad de resiliencia que pueden servir de base y modelo para la adaptación del resto de los sectores críticos que serán regulados por la nueva ley”.
La experiencia acumulada en la protección de datos y la continuidad operacional del sistema financiero es un activo valioso en el proceso de implementación a nivel nacional. La ley busca, en esencia, elevar este nivel de madurez a la totalidad de la infraestructura crítica del país. En un entorno en constante cambio y con altas expectativas sobre el rol de la tecnología, la capacidad de estandarizar la gobernanza en ciberseguridad se vuelve crucial para las empresas, el Estado y sus instituciones.
