Cada año, miles de estudiantes colman las aulas universitarias con legítimas aspiraciones —personales y familiares— de movilidad social, que suelen traducirse en relatos de éxito asociados al mérito individual. En 2025, el SIES del MINEDUC reportó más de 859 mil matrículas universitarias, de las cuales 159.122 correspondieron a matrículas de primer año de pregrado. Estas magnitudes reflejan una idea de fondo: la universidad ha sido concebida socialmente como la principal —y a veces única— vía de superación de desigualdades, desplazando progresivamente la pregunta por el bien común y su rol en la democracia
Los títulos y grados se han transformado, legítimamente, en credenciales asociadas a mejores salarios, oportunidades y redes. A ello se suma una narrativa de éxito sustentada en una noción de mérito estrictamente individual, donde quienes alcanzan dichas credenciales aparecen como justos merecedores de su posición —entendida como garantía de éxito económico y social—, mientras que quienes no lo logran son simbólicamente responsabilizados de su situación. Esta lógica no se limita al discurso: se reproduce incluso dentro del aula, particularmente en modelos de evaluación que privilegian el rendimiento individual por sobre los procesos colectivos de aprendizaje. Así, la universidad no solo certifica conocimientos, sino que define qué se entiende por éxito y cómo se alcanza. Lo que parece inofensivo se vuelve problemático cuando se proyecta al conjunto de la sociedad, especialmente en contextos como el chileno, donde el 68,9 % de la población no ha accedido a la educación superior. Ello evidencia que ni títulos ni grados constituyen criterios suficientes para definir el éxito ni la dignidad del trabajo o de la vida. La desigualdad, por tanto, no encuentra su respuesta principal en la universidad, sino en la calidad de la democracia y de su ciudadanía. Sin duda, la educación superior contribuye a enfrentar estas brechas, pero no bajo el supuesto de que la masificación, por sí sola, las resuelve.
Desde esta perspectiva, el rol de la universidad en la formación ciudadana y democrática no es accesorio, sino constitutivo de su función social. ¿Qué ha sido del bien común? No ha desaparecido, pero ha sido desplazado por una concepción de éxito entendida como logro privado. En este contexto, la universidad enfrenta la tarea de formar ciudadanos capaces de fortalecer la democracia. Ello ocurre, en primer lugar, al interior de sus aulas, mediante procesos formativos que integren pensamiento crítico y compromiso cívico, y adquiere sentido cuando esos saberes se proyectan fuera de sus muros, a través de la vinculación, investigación, formación práctica y el ejercicio profesional. De este modo, la universidad no actúa solo como motor de movilidad social, sino como un puente democrático que dialoga con su entorno: cuando enseña, también aprende. Por ello, el éxito universitario no debiera medirse únicamente por la acumulación de credenciales individuales, sino por la capacidad de convertir el privilegio educativo en responsabilidad pública y en acciones concretas con impacto en el entorno. De ello depende que la universidad forme profesionales competentes y ciudadanos capaces de sostener y renovar la democracia.
Gustavo Varela Rozas, Académico, Carrera de Administración Pública - Universidad Autónoma de Chile - Talca
