La instancia marca un hito en la reparación simbólica para la familia del estudiante secundario desaparecido en 1986, cuyo nombre fue omitido de los registros oficiales debido a un error de transcripción
En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron entrega oficial de la carpeta de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig, a los familiares de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 15 años que desapareció cuatro décadas atrás en Arica durante la dictadura.
El acto se fundamenta en la sentencia dictada el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, la cual ordenó subsanar un error administrativo que impidió su reconocimiento como víctima de violación a los derechos humanos: el apellido de Luis fue transcrito como “Pinto”, en lugar de “Pino”.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, valoró este hito y señaló que “esclarecer los hechos que ocurrieron es un derecho que tenemos como sociedad, no solo las familias y personas afectadas de manera directa, sino que todas y todos. Dar cuenta y reconocer lo que sucedió es responsabilidad del Estado. Tras 40 años sin certezas, la familia de Luis Alberto recibe una respuesta a través de las diligencias realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”.
Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas. Sus padres, Víctor Pino y María Soto, interpusieron una denuncia por presunta desgracia y en los días siguientes recibieron amenazas y hostigamientos.
Pese a los intentos de su familia para que Luis Pino fuera registrado como víctima de la dictadura, el error de transcripción impidió su reconocimiento hasta ahora. El caso llegó el 2024 al Plan Nacional de Búsqueda, donde sus profesionales descubrieron el error e interpusieron una acción declarativa ante el 19° Juzgado Civil de Santiago.
En la actividad participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; la Delegada Presidencial Regional (s) de Arica y Parinacota, Olga Testa Camp; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ana Vargas Valenzuela; junto a familiares de la víctima y representantes de organizaciones de memoria y derechos humanos de la región.
