La Contraloría General de la República estableció que la exsecretaria de Estado del gobierno de José Antonio Kast sobrepasó sus atribuciones ministeriales y faltó al deber de abstención al exigir datos de detectives vinculados al caso "Clan Chen", arrastrando en la polémica la remoción de la exjefa de Inteligencia policial.
En un dictamen que sacude el panorama político nacional, la Contraloría General de la República determinó formalmente que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert Herrera, actuó fuera del marco legal. El fallo emitido por el organismo liderado por Dorothy Pérez establece que la otrora secretaria de Estado ejerció atribuciones de forma indebida al presionar internamente a la Policía de Investigaciones (PDI). Esto ocurrió en el contexto de sus controvertidos requerimientos de información y las gestiones paralelas vinculadas a la salida de la prefecta general Consuelo Peña.
Extralimitación de funciones en secreto.
De acuerdo con los antecedentes publicados por medios nacionales, la controversia se originó apenas 48 horas después de que Steinert asumiera el cargo en marzo pasado. Mediante un oficio con carácter de reservado, la autoridad exigió de forma inmediata las identidades, antecedentes disciplinarios, penales y las hojas de vida de los detectives pertenecientes a una brigada especializada del norte del país. Esta unidad policial investigaba la red de crimen organizado transnacional denominada "Clan Chen".
El ente contralor desestimó las justificaciones presentadas en su momento por el ministerio. Determinó de forma taxativa que recopilar fichas individuales con nombres y rut de agentes policiales activos excede las funciones de planificación general asignadas por ley a la cartera de Seguridad. Además, la resolución subrayó el peligro legal que revistió esta acción, ya que la legislación chilena prohíbe explícitamente a las autoridades civiles solicitar información que interfiera o ponga en riesgo investigaciones penales en pleno desarrollo.
El punto más crítico expuesto por el dictamen de Contraloría radica en la grave infracción al principio de probidad administrativa. Steinert se desempeñó hasta enero como fiscal regional de Tarapacá, teniendo bajo su mando directo a la misma brigada de la PDI sobre la cual requirió los antecedentes confidenciales. El organismo supervisor recalcó que la exministra debió haber aplicado el "deber de abstención" debido al evidente conflicto de intereses de carácter profesional.
Paralelamente, el informe abordó la arista referente a la prefecta general Consuelo Peña. Ella ejercía como la número tres de la institución civil en la subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. Los reportes de prensa acreditaron que Steinert solicitó formalmente la remoción de la funcionaria tras roces internos generados por traslados de personal judicial. Si bien administrativamente el decreto de paso a retiro definitivo de Peña se consideró formalmente "ajustado a derecho" porque la facultad recae en el director de la PDI, la acción de presión política ejercida por Steinert quedó catalogada en la misma línea de conductas impropias.
Las repercusiones de este pronunciamiento no tardaron en manifestarse en el espectro político. Parlamentarios de la oposición, liderados por el diputado socialista Raúl Leiva —quien ingresó el requerimiento fiscalizador original—, tildaron las conclusiones como un hecho de la máxima gravedad institucional. Bloques políticos evalúan seriamente la presentación de una acusación constitucional contra la exministra, argumentando el severo perjuicio provocado a la reserva de los sistemas de inteligencia y combate al narcotráfico.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó emitir juicios de valor directos sobre su antecesora, quien alcanzó a durar solo 69 días en el cargo. Arrau se limitó a señalar que el ministerio ya aplicó todos los cambios operativos sugeridos por la Contraloría General, con el fin de circunscribir el trabajo de la cartera exclusivamente al área estratégica y no a la intervención de causas penales activas.
