El ministro Rabat defendió la legalidad de su actuar al firmar estos decretos, sin embargo enfrentó críticas generalizadas de la ciudadanía, la oposición y el Congreso.
Una investigación periodística reveló que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos exentos que redujeron los castigos de agresores de niños y adolescentes. El ministro Fernando Rabat defendió la legalidad de la medida aludiendo a la doctrina de la Corte Suprema, desatando una severa batahola transversal que incluye presiones de su propio sector, el rechazo de la Defensoría de la Niñez y amenazas de interpelación en el Congreso.
Una profunda crisis política y de legitimidad institucional enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que una solicitud de acceso a la información respondida por la Subsecretaría de Justicia sacara a la luz la emisión de 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Las medidas, tramitadas por la vía administrativa directamente ante la cartera de Justicia y sin mediación de recursos judiciales vigentes, beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y a 29 por violación en el período comprendido entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
La revelación desató de inmediato una indignación transversal y duras críticas de la oposición y de Chile Vamos, quienes recordaron la promesa de campaña del Mandatario de mantener «mano dura» contra este tipo de criminales.
La defensa del Ministerio de Justicia
Frente al complejo escenario político, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, salió al paso de los cuestionamientos argumentando que el ministerio se limitó a actuar bajo criterios estrictamente legales y no de forma arbitraria. Según la versión de la autoridad, las rebajas correspondieron al cumplimiento de la Ley N° 19.856 —que regula las disminuciones de pena por comportamiento sobresaliente— aplicadas bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Rabat sostuvo que aunque una reforma legal del año 2022 excluyó explícitamente a los agresores sexuales de menores de estos beneficios penales, el máximo tribunal del país ha establecido en diversos recursos de amparo que dicha prohibición no puede aplicarse con carácter retroactivo a reos cuyos delitos ocurrieron antes de esa fecha.
«Lo que se hizo fue recoger la doctrina de la Corte Suprema», puntualizó el secretario de Estado, quien además buscó matizar el impacto enfatizando que ninguno de los decretos involucra a crímenes cometidos con posterioridad a la vigencia de la nueva normativa.
Tensión con el Poder Judicial y reacciones políticas
La crisis escaló tras las declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con cuestionamientos desde la oposición y organizaciones sociales respecto a la protección de las infancias. Más detalles sobre estas reacciones institucionales y los pormenores del debate político se pueden revisar en El País.
Para aplacar la controversia, el Ejecutivo anunció suma urgencia a proyectos legislativos destinados a cerrar vacíos legales y prohibir de manera definitiva estas rebajas.
